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El plan francés de “prevención de la radicalización”: un arma de denuncia masiva

Publicado originalmente por Jad Bouharoun* en Middle East Eye el 9 de marzo de 2018.

 

El gobierno francés ha desvelado su plan de lucha contra la “radicalización”, pero su contenido y el contexto en el que será desplegado hacen de él una amenaza para la libertad de expresión, corriendo el riesgo de intensificar la discriminación contra los musulmanes

 

El primer ministro francés, Édouard Philippe, presentó el pasado 23 de febrero un plan de 60 medidas que pretende “prevenir la radicalización” para mejorar la lucha contra el terrorismo. Este plan, en todos los frentes, trata de desplegar una auténtica tela de araña de vigilancia en las cárceles, las escuelas, los servicios públicos, internet y las redes sociales.

 

El objetivo es, de hecho, “identificar, señalar y hacerse cargo de las señales precursoras de una ruptura con los principios republicanos”. Cuando se considere que una persona está “en proceso de radicalización”, será sometida a una batería de psicólogos, investigadores, psiquiatras e imames republicanos que le enseñarán la vía de la virtud.

 

El plan francés se inspira claramente en Prevent, el plan británico de prevención de la radicalización, a pesar de la deriva de este último. Lleva más de diez años activo bajo diferentes nombres y no solo es contraproducente –según la ONU promueve el extremismo–, sino que además sirve de excusa para hacer violaciones de los Derechos Humanos, reforzando también la atmósfera de sospecha islamófoba generalizada.

 

Algunos de los excesos de este programa, como el interrogatorio policial a un niño de cuatro años, pueden hacer sonreír –o llorar–, pero la expresidenta del sindicato de estudiantes británico NUS, Malia Bouattia, recuerda que con Prevent se han desarrollado tendencias “de seguridad opresiva, categorización racial contra musulmanes y una criminalización de la protesta”.

 

No hay ningún motivo para pensar que el Prevent francés tendrá consecuencias diferentes de las de su homólogo al otro lado del Canal de la Mancha.

 

Aunque el plan parece ignorar los motivadores sociales y políticos de la “radicalización” (que están al fin y al cabo ligados a la ideología), este no será desplegado en un vacío social o político. De hecho, toma prestado el criterio de “radicalización” que propuso el Consejo Constitucional francés cuando se aprobó la ley que prohibía el velo integral: es decir, el estado de cualquiera que no cumpla con las “exigencias mínimas de la vida en sociedad”. Con esta definición vaga y desastrosa, incluso el diario conservador francés Le Monde, que nunca podría ser acusado de proislamismo, reconoce que “estamos muy lejos de las veleidades terroristas”.

 

Esta política forma parte de la misma lógica que rige la respuesta global contra los fenómenos de “radicalización”. Arun Kundnani, autor de The Muslims are coming: Islamophobia, extremism and the domestic war on terror (Que vienen los musulmanes: Islamofobia, extremismo y la lucha contra el terrorismo), señala que “desde el 11 de septiembre nos centramos exclusivamente en el individuo, como si todo se tratase de un adoctrinamiento ideológico individual, sin reflexionar sobre el contexto social y político más amplio”, como por ejemplo las guerras sin fin contra países de mayoría musulmana o la islamofobia generalizada en Occidente.

 

Se estigmatiza toda reacción de protesta en contra de esta realidad y sus autores son tachados de “radicales” o “en proceso de radicalización”. “Esa es la esencia de las estrategias “antiextremistas” como la del gobierno británico, Prevent” según el abogado y activista Brian Richardson.

 

Un nuevo Maccarthysmo

El criterio borroso de “radicalización”, que se centra en las desviaciones ideológicas de los individuos, indica que el plan francés formará parte de los ataques del Estado y de los medios contra todo un sector de la población.

 

De hecho, desde el ex primer ministro Manuel Valls hasta los cronistas más vulgares como Éric Zemmour, pasando por filósofos como Élizabeth Badinter y Alain Finkielkraut, toda una serie de intelectuales de diferentes extremos del espectro político y mediático francés escupen su veneno contra los musulmanes y, sobre todo, musulmanas.

 

Esta islamofobia nauseabunda, que ha dispuesto de años para hacerse un nido cómodo al calor de los ministerios y las editoriales, sirve ahora de lanzadera a una verdadera caza de brujas que apunta contra todo individuo, asociación o grupo político que se atreva a salirse del discurso oficial: Francia es laica y republicana, por lo tanto no hay racismo ni discriminación posible en Francia.

 

Pero ni la laicidad ni la república son valores eternos que flotan por encima de la sociedad y la historia; son ante todo, una relación entre las personas. Cuando, en nombre de esta laicidad, se pretende excluir violentamente de la esfera pública a un sector de la población, es normal y está justificado que surja una resistencia.

 

Manuel Valls ha pasado tanto tiempo, como primer ministro, vendiendo armas a la dictadura egipcia que ha terminado adoptando su retórica y acusa a sus adversarios de connivencia con los Hermanos Musulmanes. La diputada del partido de extrema izquierda Francia Insumisa Clémentine Autain e incluso el moderadísimo Benoît Hamon, candidato socialista derrotado en las últimas elecciones presidenciales, han estado entre sus blancos.

 

Las fundadoras del colectivo afrofeminista MWASI también se han visto involucradas por atreverse a organizar un taller no mixto: en un tierno momento de unión republicana, los conspiradores de extrema derecha, la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo (LICRA) y la alcaldesa socialista de París se pusieron de acuerdo para condenar esta deriva inaceptable.

 

Lo mismo sucedió con Lallab, una asociación feminista cuyo objetivo es “luchar contra los prejuicios contra las mujeres musulmanas”, que ha sido acusada de proximidad a los Hermanos Musulmanes. O cuando el actual Ministro de Educación francés, Éric Blanquer, tomó todas las medidas legales posibles contra el sindicato Sud Éducation 93, por haber organizado un taller no mixto y haber utilizado el término blasfematorio “racismo de Estado”.

 

Rokhaya Diallo, Mennel Ibtissem, Houria Bouteldja… la lista de los blancos para linchamientos mediáticos republicanos es larga como un día sin pan, y que no quepa la menor duda de que se alargará con el nuevo plan gubernamental de “desradicalización”.

 

En una tribuna publicada en el Huffington Post, las dirigentes del American Jewish Committee Simone Rodan-Benzquen y Anne-Sophie Sebban han hecho un llamamiento a utilizar este plan con el fin de echar del espacio público a “los idiotas útiles de las ideologías radicales”, “desde los identitarios hasta los victimistas”. Es decir, el Partido de los Indígenas de la República, un partido político anticolonialista; el Colectivo contra la Islamofobia en Francia, una asociación de ayuda legal para las víctimas de islamofobia en Francia; y la Unión de las organizaciones islámicas de Francia.

 

Las autoras se declaran preocupadas por los “valores republicanos”, aunque su organización tiene una relación tumultuosa con la libertad de expresión. De hecho, este lobby pro Israel ha llegado a acusar a los judíos estadounidenses críticos con el sionismo de connivencia con el antisemitismo.

 

La escuela, campo de batalla

El plan de prevención incorpora una vigilancia de los alumnos y los estudiantes, por lo que la furia mediática puede expandirse y crear una atmósfera de opresión y sospecha en los establecimientos escolares, donde el gobierno quiere luchar contra las “teorías de conspiración”. Según afirman, estas tienen gran éxito entre la juventud musulmana.

 

Dar esta carta en blanco al Estado para poder determinar lo que es cierto de lo que no, en cuestiones políticas, representa una deriva orwelliana que debe ser denunciada por todas las personas y organizaciones realmente preocupadas por preservar los principios democráticos elementales.

 

Para resistir este ataque en toda regla contra la libertad de expresión y de conciencia, hay que identificar primero el mal contra el que se pretende luchar. Es cierto que, especialmente después de los atentados de 2015, una ínfima minoría de la juventud musulmana – entre otros – ha expresado dudas respecto a la versión oficial sobre los atentados, armando diferentes teorías complotistas.

 

Sin embargo, al contrario de lo que sucede con el ‘complotismo’ sistemático del facherío, que evoca fantasmas odiosos, incluso genocidas, contra todas las minorías (judíos, musulmanes, LGTB, negros, etc.), el “conspiracionismo” de esta ínfima minoría de la juventud musulmana se expresa sobre todo por una reacción inocente, incoherente y errónea ante una impresión – justificada, esta sí – de que los medios dominantes y el Estado no solo no dicen toda la verdad, sino que utilizan los atentados para estigmatizar a los musulmanes. Sirva de ejemplo Mennel Ibtissem, la participante del concurso de The Voice, que abandonó el programa por unas publicaciones en Facebook.

 

El ataque en toda regla que promete el plan francés de lucha contra la radicalización no hará más que reforzar estas tendencias y, con toda la certidumbre de una profecía que se cumple a sí misma, avivará el sentimiento del nosotros contra ellos del que se alimenta la ideología terrorista.

 

Profesores y funcionarios, en lugar de convertirse en confidentes policiales como pretende el plan, deberían luchar por la preservación y el refuerzo de la libertad de expresión y de debate en la escuela y los lugares públicos, con el fin de mostrar que los musulmanes y, sobre todo, las musulmanas, no están solos frente al Estado y los medios de comunicación, y que los ataques racistas pueden ser combatidos a través de la solidaridad entre musulmanes y no musulmanes.

 

Ante todo, hay que evitar que se repita la situación de 2004, cuando las jóvenes musulmanas estuvieron solas frente a los ataques del Estado contra su derecho de elegir su forma de vestirse, al prohibir el uso del velo en los centros de enseñanza.

 

La izquierda y los sindicatos, muy presentes en las escuelas y universidades, podrían tomar ejemplo de sus homólogos británicos, que trabajan codo con codo con diferentes asociaciones musulmanas para luchar contra los estragos causados por Prevent, a pesar de las pretendidas diferencias ideológicas.

 

Es sobre esta base que respeta la autoorganización de los oprimidos sin eliminar las diferencias políticas e ideológicas que es posible luchar contra el racismo y el autoritarismo –y, en consecuencia, las derivas radicales– además de ofrecer una alternativa a la política de bombero pirómano adoptada por el Estado francés.

 

*Jad Bouaroun es militante socialista y escritor de origen libanés.

 

Traducido por Leandro James Español Lyons en el marco de un programa de colaboración de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada y la Fundación Al Fanar.

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