Murcia tendrá ERI por mandato judicial

El TSJ de Murcia da la razón a una familia para que sus hijos cursen la enseñanza religiosa islámica en el sistema educativo murciano

La justicia ha hablado, y ha hablado bien.

La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia acaba de reconocer el derecho a cursar la enseñanza religiosa islámica (ERI). La demanda, interpuesta por una madre ante la falta de respuesta por parte de la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia a la solicitud presentada para que sus hijos recibieran la ERI en su centro educativo, ha sido favorable.

El fallo estima el recurso “contra la desestimación presunta  por silencio administrativo, dada la inactividad de la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia ante la solicitud realizada por la demandante el 10 de junio de 2021, para que sus hijos puedan cursar la asignatura de enseñanza religiosa islámica…en el curso académico 2021/2022 y siguientes, por no ser ajustada a Derecho en lo aquí discutido la actuación de la Administración Regional demandada, reconociendo el derecho que le asiste para que sus hijos reciban enseñanza religiosa islámica en aquellos centros donde se cumplan los requisitos acordados…”

La sentencia es un punto de inflexión de enorme relevancia para la Región de Murcia y para todos los musulmanes de España, que ven en la misma una oportunidad para seguir avanzando en derechos fundamentales, tales como la educación religiosa islámica.

Por su parte, la Comisión Islámica de España (CIE) queda fuera de este logro, ocupada como está en lidiar sus contiendas internas. Los musulmanes de España no solo tienen que hacer frente a una administración que gana en sordera a las tapias más duras, sino también frente a una entidad reaccionaria y vendida a espurios intereses, siendo un freno para cualquier avance.

Y es que no es la primera vez que las familias murcianas reclaman igualdad de trato y son ignoradas, año tras año, sin que la administración se moleste siquiera en contestarles. Afortunadamente, esa desidia en su proceder no ha hecho mella en el ánimo de una madre, convencida de que la ERI es un derecho fundamental y que su conculcación precisa del amparo judicial.  Vaya por delante que recurrir a la vía judicial debe preceder al diálogo y a la negociación, mas no momificarse en el intento. Este es uno de esos casos en el que no han dejado otra opción: ni la Consejería de Educación ni la CIE han hecho lo que tenían que hacer.

Escuchar a unos y otros esgrimir absurdas excusas resulta bastante lamentable, por no decir infantil, máxime cuando demuestran que ninguna de ambas entidades está a la altura del desempeño de sus funciones.

Ya en ocasiones anteriores hemos denunciado una serie de irregularidades que tenían como punto en común la omisión, negligencia y abandono a las familias; demasiadas coincidencias para unos órganos que presumen ser garantes de la ley1.

Durante estos años, la comunidad autónoma de Murcia ha dado reiteradas muestras de acérrima oposición a la ERI en los centros educativos; incomprensibles y, a todas luces paradójicas, cuando además de la religión católica, ofrece e imparte desde hace muchos años, la religión evangélica en sus aulas.