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Amnistía denuncia el atropello de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo yihadista

AMAYA LARRAÑETA

20 Minutos, 17/01/2017

Imagen de la compañía Títeres (Twitter)

Hombres, mujeres y niños han sido maltratados verbal y físicamente. Se han sacado a pasajeros de aviones porque parecían terroristas. Se ha prohibido a mujeres llevar traje de baño de cuerpo entero en la playa. Se ha detenido a niños refugiados porque jugaban con pistolas de plástico. Amnistía Internacional denuncia que estas medidas discriminatorias suceden ahora en Europa porque los Estados las consideran “aceptables” en el marco de la lucha contra el terrorismo yihadista. “Pero no lo son”, recuerda la organización internacional de derechos humanos.

Amnistía Internacional ha presentado este martes su informe Peligrosamente desproporcionado (Dangerously Disproportionate) en el que constata que tras la serie de atentados desde París a Berlín, se ha producido “un profundo cambio de paradigma en Europa”, donde ha cundido la idea de que los gobiernos deben restringir los derechos de las personas para proporcionarles seguridad.

  • Analizados catorce países europeos, entre ellos España, el estudio refleja “un mundo en el que el miedo, la alienación y los prejuicios”, dice Amnistía, “están socavando las piedras angulares de la UE: equidad, igualdad y no discriminación”. Las principales características de las políticas estatales antiterroristas que critica el informe son las siguientes:
  • Legislación que se acelera sin consulta a parlamentos, expertos o sociedad civil.
  • Suspensión de compromisos en materia de derechos humanos.
  • Consolidación del poder en manos del Ejecutivo, a menudo sin control o con escaso control efectivo.
  • Mecanismos de supervisión independientes poco eficaces.
  • Definiciones poco precisas y excesivamente amplias de “terrorismo”.
  • Normas que regulan la carga de prueba desde la “sospecha razonable”.
  • Vínculo débil, a veces inexistente, entre los actos delictivos preparatorios o no consumados y el delito real.
  • Restricciones a la libertad de circulación y asociación de las personas.
  • Penalización de varias formas de expresión que no llegan a incitación a la violencia.
  • Menos posibilidades de impugnar operaciones de lucha contra el terrorismo.
  • Estados que invocan a la “amenaza del terrorismo” para señalar de forma arbitraria a personas migrantes.
  • Falta de atención a las necesidades de grupos particulares, como mujeres o niños, ya su derecho a la protección.

Amnistía Internacional se muestra particularmente contraria a la prolongación de los ‘estados de excepción’ como respuesta al terrorismo  o a la amenaza de ataques violentos.  “En varios estados se han incorporado al derecho ordinario medidas de excepción que debían de ser temporales”, afirma el informe, que advierte de que “se ha bajado el umbral para activar y ampliar las medidas de excepción, y existe el riesgo de que se baje aún más en los próximos años”. La función de los gobiernos debería ser brindar seguridad para que la gente disfrute de sus derechos.

El informe recoge varios ejemplos de lo que la ONG considera abusos y atropellos a los derechos humanos derivados de la nueva normalidad del estado de excepción antiterrorista. En el caso español denuncia la detención de los titiriteros acusados de enaltecimiento al terrorismo tras una actuación satírica en la que una marioneta sostenía una pancarta con un lema de apoyo a un grupo armado. Como ejemplo de limitación de la libertad de expresión, Amnistía pone la detención de César Strawberry, músico arrestado por una serie de tuits entre los que se encontraba una broma sobre ofrecer al rey emérito un pastel bomba como regalo de cumpleaños.

En el marco internacional, el informe denuncia la detención como presunto terrorista en el aeropuerto de Heathrow (Londres) de David Miranda, esposo de Glenn Greenwald, periodista que había difundido numerosas noticias sobre las irregularidades detectadas por Snowden. O el caso de Ahmed H., un sirio nacionalizado chipriota de 40 años condenado a 10 años de prisión en Hungría por “acto de terrorismo” que consistió en coger un megáfono el 16 de septiembre de 2015 para pedir a la policía húngara que hablara con los refugiados atrapados en la frontera serbia.

“Aunque la amenaza del terrorismo es muy real y debe recibir siempre una respuesta enérgica, la función de los gobiernos debería ser brindar seguridad para que la gente disfrute de sus derechos humanos, en lugar de restringir los derechos de la población en nombre de la seguridad”, pide Amnistía Internacional.

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